Respuestas a las consultas más habituales.

Sí. Es importante determinar si el despido fue con o sin causa y revisar la liquidación final. Si fue sin causa, además pueden corresponder las indemnizaciones previstas por la ley. Si se invocó una causa, también puede analizarse si resulta válida para justificar el despido.

En términos generales, los créditos laborales prescriben a los dos años. Sin embargo, el punto de partida del plazo y los efectos de las intimaciones, reclamos administrativos u otras actuaciones deben analizarse en cada caso. Por eso, es conveniente consultar lo antes posible.

No es recomendable enviar una renuncia ni firmar un acuerdo, recibo o convenio sin conocer previamente sus consecuencias. Una renuncia, un acuerdo de desvinculación y un despido producen efectos diferentes y pueden modificar los derechos que correspondan al trabajador.

Puede existir un reclamo, pero la emisión de facturas no permite, por sí sola, determinar si hubo o no una relación laboral. Es necesario analizar cómo se prestaban realmente las tareas, el grado de autonomía, la existencia de horarios, instrucciones, controles y quién asumía los riesgos de la actividad. Las reglas legales y probatorias sobre estas contrataciones han sido modificadas recientemente.

Sí. Asesoramos a empleadores y PyMEs en registración laboral, contratación de personal, aplicación de sanciones, licencias, conflictos con trabajadores, desvinculaciones y revisión de liquidaciones. El asesoramiento preventivo permite reducir contingencias y adoptar decisiones con mayor seguridad.

Sí. Las decisiones de la ART pueden cuestionarse tanto por vías administrativas como judiciales. Si recibiste una notificación, es importante consultar rápidamente, ya que pueden existir plazos para efectuar el reclamo.

El rechazo o la oferta de la aseguradora no necesariamente ponen fin al reclamo. Deben revisarse la póliza, la denuncia del siniestro, las causas invocadas, los daños comprobables y los plazos aplicables. A partir de ese análisis puede formularse un reclamo o cuestionarse la decisión de la compañía.

Es conveniente conservar fotografías y videos del lugar y de los daños, datos de las personas y vehículos intervinientes, constancias de seguro, certificados médicos, comprobantes de gastos, presupuestos de reparación y datos de posibles testigos. También debe guardarse toda comunicación mantenida con la aseguradora.

Cuando una persona o empresa te provoca un daño puede existir derecho a reclamar una reparación. Puede tratarse de daños derivados de accidentes, incumplimientos, conflictos de vecindad u otras situaciones. Cada caso debe analizarse para determinar qué puede reclamarse y contra quién.

Dependiendo del caso, pueden reclamarse los daños materiales del vehículo, las lesiones sufridas por las personas, gastos médicos, pérdida de ingresos y otros perjuicios derivados del accidente. Es importante contar, en lo posible, con los datos de la otra persona y conservar una copia o fotografía de su DNI, cédula del vehículo y constancia de seguro.

El plazo para iniciar un reclamo puede variar entre uno y cinco años, dependiendo del origen y del tipo de daño. Por eso, es importante identificar qué plazo corresponde en cada caso y realizar el reclamo antes de que prescriba.

El abogado tributarista asesora y representa a personas y empresas frente a conflictos fiscales. Es necesario consultar cuando existe un conflicto con ARCA, ARBA, AGIP u otro organismo fiscal, por ejemplo ante intimaciones, determinaciones de deuda, multas, fiscalizaciones o sanciones. El abogado tributarista analiza la legalidad de la actuación del organismo y define la estrategia para cuestionarla o defender tus derechos.

El contador se ocupa principalmente de cuestiones contables, liquidaciones y cumplimiento de obligaciones fiscales. El abogado tributarista interviene especialmente cuando existe o puede existir un conflicto jurídico con el Fisco, asesorando en la defensa, impugnación y eventual reclamo administrativo o judicial. Ambos profesionales pueden trabajar de manera complementaria.

Es importante revisar qué está reclamando el organismo y no dejar vencer el plazo para responder. Según el caso, puede corresponder presentar documentación o un descargo, cuestionar la deuda o sanción, interponer un recurso o evaluar otras vías de defensa.

No necesariamente. La deuda puede contener errores de hecho, de cálculo, de imputación de pagos o de interpretación jurídica. Para determinarlo es necesario revisar la intimación, los antecedentes administrativos, las declaraciones juradas y la documentación contable, sin dejar vencer el plazo para responder.

Para jubilarse, en términos generales, se requieren 30 años de aportes y la edad de 60 (mujeres) o 65 (hombres) años. Es importante revisar la historia laboral completa, ya que pueden existir períodos no registrados, aportes como autónomo o monotributista y otros servicios que deban computarse.

En algunos casos, sí. Existen distintos mecanismos que pueden permitir completar o reconocer períodos faltantes, pero su aplicación depende de la edad, la historia laboral y la situación particular de cada persona. Por eso, conviene realizar un análisis previsional antes de iniciar el trámite.

Sí. Si el haber jubilatorio fue calculado incorrectamente o existen diferencias que justifican su revisión, puede efectuarse un reclamo de reajuste, primero ante ANSES y, si no se obtiene una respuesta favorable, luego hay que iniciar un reclamo judicial.

Es importante consultar con un abogado antes de realizar cualquier declaración o presentación. El primer paso será conocer el contenido de la denuncia y el estado de la causa para definir la estrategia de defensa.

No conviene ignorar la citación. Es importante conocer en qué carácter fuiste citado y por qué motivo, ya que de ello dependerán tus derechos y la forma de intervenir. Si estás imputado, tenés derecho a contar con un abogado defensor.

No siempre es obligatorio contar con un abogado para realizar una denuncia. Sin embargo, el asesoramiento previo puede ser importante para evaluar si los hechos constituyen un delito, qué documentación o prueba presentar y cómo encauzar correctamente el caso.

Sí. Según el tipo de delito y la jurisdicción, la víctima puede intervenir en el proceso, acceder a información, proponer medidas de prueba y, cuando corresponda, constituirse como querellante o particular damnificado. El abogado permite evaluar la forma de intervención más adecuada.

Es una situación que requiere asesoramiento inmediato. La persona detenida tiene derecho a conocer el motivo de la detención, contar con un abogado defensor y no declarar sin su asistencia. Ante un allanamiento, no debe obstaculizarse el procedimiento, pero conviene solicitar una copia de la orden y comunicarse rápidamente con un abogado.

Sí. Ya no se necesita el consentimiento del otro cónyuge para divorciarse. Cualquiera de los dos puede solicitar el divorcio y tampoco es necesario demostrar una causa ni haber estado separados durante un tiempo determinado.

Los gastos dependen de los bienes y de la jurisdicción donde tramite la sucesión (CABA o Bs. As.). En una primera etapa, hasta obtener la declaratoria de herederos, existen gastos como bonos profesionales, publicaciones de edictos y distintos informes y oficios. Si es necesario obtener partidas, títulos u otra documentación faltante, también pueden generarse gastos adicionales.

En una segunda etapa, al inscribir los bienes, se abonan la tasa de justicia y, según corresponda, aportes, impuestos, informes y aranceles registrales. A estos gastos se suman los honorarios profesionales.

Antes de iniciar una sucesión, en nuestro estudio solicitamos informes de los bienes para conocer su situación registral y poder anticipar al cliente los pasos y costos del trámite.

Sí. Aunque exista un único heredero hay que iniciar una sucesión. En cuanto a la documentación, en general se necesitan las partidas que acrediten el fallecimiento y el vínculo de los herederos, junto con la documentación de los bienes que integran la herencia. Si falta alguna partida o título, puede solicitarse durante el trámite.

En general, cualquiera de los herederos o interesados legitimados puede iniciar la sucesión. No es necesario que todos estén de acuerdo para abrir el expediente, aunque los demás deberán ser denunciados y citados. Los desacuerdos pueden influir posteriormente en la administración, división o adjudicación de los bienes.

Para transferir correctamente el inmueble será necesario tramitar la sucesión y obtener la declaratoria de herederos o la aprobación del testamento. Según el caso, la operación puede concretarse mediante la inscripción previa o por tracto abreviado. Conviene revisar la situación antes de firmar una reserva o boleto.

La cuota alimentaria no comprende únicamente alimentos. También puede incluir vivienda, vestimenta, salud, educación, transporte, recreación y otros gastos vinculados con las necesidades de los hijos. Su determinación depende de esas necesidades y de las posibilidades económicas de quienes deben contribuir.

Sí. Dependiendo del caso, puede reclamarse el cumplimiento de lo contratado, la reparación o sustitución del producto, la devolución del dinero y la reparación de los daños ocasionados. Es importante conservar facturas, presupuestos, publicidad, fotografías y comunicaciones con la empresa.

Puede ser conveniente formalizar el reclamo mediante una intimación fehaciente y evaluar las vías administrativas, de mediación o judiciales disponibles. La estrategia dependerá del tipo de contratación, el domicilio de las partes y la urgencia del caso.

Sí. La revisión previa permite identificar obligaciones poco claras, penalidades, garantías, mecanismos de actualización, formas de rescisión, jurisdicción y posibles riesgos. Muchas controversias pueden prevenirse mediante una adecuada negociación y redacción del contrato.

Ante un incumplimiento contractual, puede exigirse el cumplimiento de lo acordado, solicitar la resolución del contrato y, según el caso, reclamar los daños ocasionados. La alternativa más conveniente dependerá del contrato y de las circunstancias particulares del incumplimiento.

El registro de una marca se realiza ante el INPI y otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizarla para los productos o servicios registrados. También permite impedir que terceros utilicen signos idénticos o similares que puedan generar confusión. Tener un nombre comercial, una sociedad, un dominio de internet o perfiles en redes sociales no reemplaza el registro ante el INPI. La marca se concede por diez años y puede renovarse por períodos iguales.

Si tenés una marca registrada y un tercero la utiliza sin autorización, podés exigir que cese su uso y, según el caso, iniciar las acciones correspondientes para proteger tus derechos. La estrategia dependerá de cómo se esté utilizando la marca y del alcance de su registro.

No. Para obtener una patente, la invención debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Antes de presentar la solicitud conviene evaluar sus antecedentes y evitar divulgarla públicamente, ya que ello puede afectar su protección. Las patentes tienen una duración de veinte años improrrogables desde la presentación de la solicitud.